domingo, 27 de junio de 2010

Las Distribuidoras Metropolitanas de Energía en la Encrucijada Tarifaria


Por Hernan Maurette

Introducción

Los servicios públicos son objeto natural de las políticas públicas. Según los distintos modelos, los hay de gestión pública, privada o mixta.
La Argentina se lanzó de lleno al modelo de gestión privada en la década de los 90, bajo la presidencia de Carlos Menem, al punto de ofrecer las más atractivas condiciones y garantías a aquellos operadores que se animaran a invertir en un país que había sufrido un significativo deterioro en sus empresas prestadoras.
De pronto, el quiebre del 2001 obligó al Estado a poner un paréntesis en ese esquema, mediante las leyes de Emergencia Económica y Pública.


Diez Años sin Aumento

Una persona nacida en agosto de 1999 vivió innumerable cantidad de sucesos y logros. Aprendió a caminar, a hablar, a andar en bicicleta, Ingresó en el jardín maternal, en el de infantes y actualmente es miembro del establishment de la escuela primaria. Hizo su primera comunión, comprende una segunda lengua, juega tenis, fútbol, rugby, toca algún instrumento, canta, tiene amigos, algunos de los cuales ya tienen once años e ingresan en la precoz preadolescencia, lee historia, literatura, se interesa por las noticias. Creció en todas sus dimensiones, a lo largo y a lo ancho. Se hace tratamientos dentales. Hay que ver a un recién nacido en sus brazos para ver lo que han hecho esos diez años en él.
Una chica que ahora cumple quince años es una estudiante secundaria preocupada principalmente en el despuntar de su físico y en las fiestas con chicos. No hace falta hacer tanto detalle para saber que cuando llegue a los 25 será prácticamente otra persona. Tal vez, sea una profesional, matriculada, madre y esposa. No tendrá demasiados recuerdos de sus quince años, excepto los verdaderamente excepcionales.
En materia de infraestructura, diez años no es tanto. Puede ser el período de gestación de una obra importante. Conocemos algunos proyectos que se han demorado incluso décadas. Al contrario, la transformación en materia de servicios públicos producida por la Reforma del Estado y las privatizaciones en la década del 90 se realizó en poco más de un lustro. Cambiaron procesos de facturación, de fiscalización y control, la extensión de las redes, el refuerzo de la red, la disminución de los costos superfluos, la orientación al cliente, entre muchos otros.
El plazo hace referencia al último incremento de tarifas, producido en julio de 1999, antes de la derogación del sistema de ajuste por la inflación norteamericana. Una política pública no se reduce al factor tarifario. Pero el sistema en vigencia, de gestión privada, no encuentra otra forma de sustentabilidad que la señalada. En estos diez años transcurridos, por otra parte, hubo una significativa devaluación –que encareció los costos del material de importación- y hubo una inflación que según el índice oficial estuvo en torno del doscientos por ciento. El endeudamiento que financió tales inversiones, ante el proceso referido, derivó en incumplimientos en el pago de intereses. Algunas empresas –mas bien, sus accionistas- acudieron a los tratados de protección de inversiones e iniciaron juicios que los enemistaron con el Poder Ejecutivo, lo que en numerosos casos trabó el proceso de renegociación de los contratos hasta volver inviables a tales compañías.
Diez años de desatención e indefinición en esta materia lo único que puede traer aparejado es un resquebrajamiento del sistema, el debilitamiento de las redes, cuando no el deterioro, y el detenimiento de las extensiones impulsadas por el llamado factor K. Solamente quedan algunos estertores operativos, que responden exclusivamente a los estímulos de un mercado que crece demográficamente y que reclama un mayor aprovisionamiento energético.
Paralelamente, como un automóvil que se va poniendo viejo, los arreglos parciales son más caros e incómodos para el usuario. “En un estudio realizado para los Estados Unidos, Tarr y Konvitz (1987) señalan que en la mayoría de las ciudades de la costa este y del medio oeste el diseño y la puesta en marcha de las redes de infraestructura ocurrió hace más de un siglo (Nota al pie: tal el caso, en la Argentina, de las grandes ciudades como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, etc). Si bien el tendido de calles, redes de agua y cloacas se ha mantenido en mayor o menor medida en el tiempo, la edad de esta infraestructura ha llevado a una mayor frecuencia de fallas y roturas, con los consecuentes mayores costos de mantenimiento”.[1]
“Problemas de horizontes temporales vs. Horizontes de infraestructura: Un problema relevante para el análisis de la infraestructura, tanto para grandes ciudades como para ciudades pequeñas o zonas rurales, tiene que ver con los beneficios del capital político (como son los tendidos de redes sanitarias, caminos, etc.), cuya característica es la de presentar efectos positivos sobre la sociedad distribuidos en el tiempo. Desde el punto de vista de la decisión del gasto en infraestructura, dado que los hacedores de política tienen un horizonte temporal que rara vez excede los seis años y que la inversión en infraestructura muchas veces exige un tiempo de maduración del proyecto mucho mayor, puede resultar que quienes tienen que tomar la decisión de asignar el gasto sesguen sus elecciones hacia proyectos que tienen un retorno mucho más inmediato. Como resultado, puede producirse una subinversión en infraestructura pública y una sobreinversión en otro tipo de servicios”.[2]
Es necesario reconocer que esta Reforma del Estado no fue una política más, sino que fue emblemática para la Presidencia Menem y formó parte del escarnio al que fue sometido ese período en los primeros años de la presente década. La gestión de Néstor Kirchner hizo de la demonización de las llamadas “empresas privatizadas” un pilar de su administración. Acotar su margen de acción fue el objetivo de una concepción de un Estado con mayor presencia e intervención. Las encuestas aún siguen reclamando ese control estatal, pero no arrojan una clara idea del modelo de prestación que prefieren:
La inmensa mayoría, el 71.9 por ciento, cree que el Estado controla mal o muy mal a las empresas que brindan los servicios públicos contra un 18.6 que afirma que lo hace bien o muy bien. Un 73 por ciento está poco o nada conforme con el hecho de que las empresas que prestan el servicio sean privadas, 14.6 está muy conforme y el 11.4 restante no sabe o no contesta. Sin embargo, sólo el 23 por ciento de los encuestados creen que el Estado podría ofrecer tales servicios con mejor calidad; el 34.2 cree que podría brindarlos con peor calidad; el 14.4, con igual calidad, mientras que el 17 por ciento afirma que el Estado no podría siquiera ocuparse de esa responsabilidad, al tiempo que el 11.2 no sabe o no contesta. Finalmente, a la pregunta respecto de la composición ideal que deben tener tales empresas el 55.6 por ciento responde que deberían ser privadas (41.4 de capitales nacionales y el 14.2 se vuelca por los internacionales); solamente el 29.6 cree que deben ser estatales, y el 14.8 no sabe o no contesta.[3]
Lo cierto es que la estigmatización, que fue políticamente útil durante un tiempo, se constituyó en un cerrojo que encerró en un mismo ataúd a empresas productoras, generadoras, transportistas y distribuidoras, que obviamente no son lo mismo.
La cuestión es que el esquema legal continúa vigente, aunque suspendido. La Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario afectó la licencia de distribución de gas natural (i) impactando directamente en la estructura tarifaria al dejar sin efecto todo tipo de mecanismo indexatorio y disponer su pesificación, y (ii) ordenando la renegociación de la licencia. Específicamente:
1. Dejó sin efecto todo tipo de mecanismo indexatorio (art. 8), lo cual en el caso de la distribución de gas natural implicó la suspensión de ciertos ajustes y/o revisiones previstos en el marco regulatorio como ser, en términos generales, (i) ajustes semestrales automáticos por variaciones en los indicadores de mercado internacional (en nuestro caso, el PPI-Producers’ Price Index), (ii) revisión quinquenal tarifaria, (iii) traslado automático a tarifa de incrementos en el costo impositivo (pass through), lo que tiene un enorme impacto económico ya que impide trasladar a tarifa los elevados montos abonados en conceptos de tasas municipales, (iv) ajustes basados en circunstancias objetivas y justificadas, etc. (todo esto llevó prácticamente a una situación de control de precios expresamente prohibida en el Art. 9.8 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución).
2. Dispuso la pesificación tarifaria a la paridad $1=US$1 (Art. 8), que generó la completa distorsión de la ecuación económica financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos e impide la realización de inversiones en infraestructura y/u optimización de servicios, distintas de las limitadas a mantenimiento y seguridad.
3. Autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar tales contratos de servicios públicos (Art. 9). A tal fin se creó la UNIREN, unidad de renegociación con las prestadoras de servicios públicos. En muchos casos, se lograron acuerdos; algunos fueron tansistorios, que fijaban un régimen tarifario hasta tanto se llegue a una renegociación general. Pero la gran mayoría de tales acuerdos, definitivos o transitorios, no fueron reglamentados.
4. Prohibió a las prestadoras de servicios públicos a suspender o alterar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo (Art. 10), lo cual implicó absorber los mayores costos involucrados para mantener el servicio en idénticas condiciones.
Es importante señalar que la Ley 25.561, tanto en lo referido a la pesificación y suspensión de indexación, como así también en cuanto a la renegociación de los contratos de servicios públicos, se encuentra actualmente vigente hasta el 31/12/2009 luego de sus sucesivas prórrogas establecidas por las leyes 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339 y 26.456. Consecuentemente, si la última prórroga dispuesta por la Ley 26.456 no fuera vuelta a extender, entonces el 21/12/2009 vencería el plazo de vigencia de la Ley 25.561, ergo recobrando plena aplicabilidad todo el marco regulatorio de la industria del gas natural instaurado por la Ley 24.076 y normativa concordante.
Otra de las cuestiones importantes de estas leyes es que las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo Nacional, en el desarrollo del proceso de renegociación, no se encuentran limitadas o condicionadas por lo estipulado en nuestro marco regulatorio. Además, las facultades que tenía el ENARGAS en materia de revisiones contractuales, ajustes y adecuaciones tarifarias sólo pueden usarse siempre y cuando resulten compatibles con el desarrollo del proceso de renegociación que lleva adelante el PEN. Esto se ve claramente, por ejemplo, con la obligación establecida en la Res. 2000/05 que dispone que cualquier decisión en materia tarifaria que tome el Ente respecto de una empresa de distribución de gas debe pasar previamente por la Subsecretaría de Coordinación y Control, que ocupa Roberto Baratta.
Para un mejor entendimiento, copiamos debajo los artículos de la Ley 25.561, actualmente vigente, que impactan de lleno en las prestadoras de servicios públicos:
ARTICULO 8°: Dispónese que a partir de la sanción de la presente ley, en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1).
ARTICULO 9°: Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el Artículo 8° de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
ARTICULO 10: Las disposiciones previstas en los artículos 8° y 9° de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.
Urge ponerse en marcha en alguna dirección. La infraestructura de energía es el piso técnico de la Metrópoli, el nervio de la economía y marca el pulso de la sociedad. No puede colapsar. Tampoco vegetar. Debe latir.
La circunstancia que marcará el final de este adormecimiento es la derogación de la Ley de Emergencia Económica, que pondrá automáticamente en vigor el esquema legal en materia de servicios públicos. Eso podría suceder el 31 de diciembre próximo, si es que el oficialismo no consigue una nueva prórroga.


La planificación Estratégica

El trazado de la red de los servicios públicos domiciliarios –sea de gas, como de luz o sanitarios- tiene implicancias políticas, económicas y sociales. La traza de un conducto de gas, de electricidad o de fibra óptica es un condicionante del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, como lo fue el tendido ferroviario para el desarrollo agrario e industrial durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX.
En la actualidad el llamado Territorio Metropolitano –que para Horacio Bozzano incluye unos 40 partidos y 110 localidades bonaerenses más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- reconoce nuevas referencias geográficas. Por ejemplo, el electroducto que cruza la ruta 2 a la altura de Buchanan, en Florencio Varela, significa la puerta de ingreso de la electricidad en la Región Metropolitana Buenos Aires, la activación del roaming telefónico y, a pocos kilómetros de allí, comienza la distribución de gas metropolitana.
La conformación de nuestra megalópolis es una característica saliente de la historia argentina, pero tiene su máxima exposición en las últimas décadas. “El territorio metropolitano se transforma y reconstruye permanentemente con grandes inversiones públicas creadoras de , con grandes inversiones privadas, pero también con infinitos pequeños cambios, frecuentemente imperceptibles, llevados a cabo por particulares.
“La especialización combinada de estas tres lógicas de inversión –sumada a la reciente política de concesiones- está redefiniendo en los últimos años muchos territorios en la escala local y regional (...).
“Generalmente, por cada peso invertido directamente por el sector público en la ciudad, el sector privado invierte cuatro, diez y hasta quince pesos. En esta relación continúan gravitando los cientos de miles de pequeñas inversiones que anualmente realizan particulares en sus propiedades. Pero también cobran importancia recientemente grandes inversotes de megaproyectos comerciales e inmobiliarios, así como las políticas de concesiones y privatizaciones del Estado, que en general tiende a desprenderse de funciones que tenía asignadas; en la Región Metropolitana Buenos Aires son los casos de la infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de otros servicios.”[4]
“En 1995 constatamos que para muchos otros era más conveniente pagar el doble o el triple un lote en una en situación dominial irregular que otro lote periférico sin servicios”.[5] Bozzano dice que subyace la concepción de “territorio débil” en estos ámbitos suburbanos no consolidados, sea que tienen dificultad de acceso, carencia total o parcial de servicios o desvalorización ambiental.
“En las actuales condiciones parece altamente complejo y difícilmente probable madurar y consensuar un Plan de Ordenamiento Territorial para el imperante. En relación con ello se identifican diversos obstáculos; en una apretada síntesis pueden mencionarse:
1. El derivado de la escala y Tamaño de la metrópolis;
2. El propio de la heterogeneidad y la complejidad de tendencias, problemas y conflictos;
3. La y los diferentes alcances, niveles y superposiciones institucionales;
4. La diferente naturaleza de problemas dominantes –territoriales, sociales, económicos, etc- y su eventual pertinencia en otros planes de alcance general, sean estratégicos, sectoriales o de otra índole;
5. La escasa importancia históricamente al tema en el plano político-institucional y en los consecuentes niveles decisionales;
6. La lejanía de un plan tan amplio con cada uno de los doce millones de ciudadanos que estarían de alguna manera involucrados.[6]

Dentro del Plan, Bozzano desarrolla algunas estrategias preliminares en lo atinente al ordenamiento y uso del suelo, la red vial regional, el transporte urbano de pasajeros y de carga, el impacto ambiental y los servicios urbanos. Respecto de este último ítem, propone la “elaboración de una propuesta de de servicios urbanos conjunta con los entes reguladores oficiales de los servicios concesionados. Establecimiento de una matriz territorial de vinculación entre los índices de cobertura de servicios, la densidad de población, las lógicas de ocupación y las tendencias dominantes del proceso de organización territorial”.[7]
Una cuestión a desentrañar es la cuestión jurisdiccional. Porque hay una afectación de cuatro niveles diferentes: los municipios que integran la región, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Respecto de los primeros, es claro que están involucrados en el proceso, pero que el tema los excede. “El gobierno municipal, como tal, debe autogestionarse en el marco de la legalidad para mejorar la calidad de vida, no debe desmerecerse su trascendental función en políticas públicas para el progreso de las comunidades que los integran. Así la existencia de la organización municipal está fundamentada por lo menos por dos principios básicos, dado que se ha adoptado una estructura jurídica descentralizada debe aplicarse el principio de subsidiariedad que determina que los organismos deberían desempeñar todas las tareas que le es posible ejercer sin intervención de órganos jerárquicamente superiores. En segundo término el municipio se demuestra como más eficiente y expeditivo en el ejercicio de ciertas funciones”.[8]
Sin embargo, el mismo principio de subsidiariedad que descalifica al municipio también limita tanto a la Ciudad Autónoma como a la Provincia de Buenos Aires, porque la Nación es parte en la política energética y porque los recursos que se insumen en el proceso se producen y transportan fuera de la metrópolis. “Si bien la Provincia de Buenos Aires ha sido el núcleo neohistórico más dinámico del Estado Argentino moderno, en las últimas décadas ha sido incapaz de contener, orientar y desarrollar al Conurbano Bonaerense que se ha convertido en territorio cubierto de autonomías municipales tanto o más poderosas políticamente que varias provincias (v.g. La Matanza). Es harto difícil reclamarle al Gobierno de La Plata la conducción y control de distritos que, por su peso electoral, tienen diálogo directo con la Rosada porque, como se ha demostrado en el último medio siglo, son la baza que inclina la balanza de cualquier elección nacional”. (...) Pero esto no significa avanzar sobre la soberanía bonaerense sino encontrar mecanismos institucionales que consideren metropolizar servicios e infraestructuras pero con un claro control político de la Provincia de Buenos Aires en su territorio aunque auditada su gestión técnica y económica por la Nación, ya sea por el Ejecutivo o el Congreso Nacional”. (...) La clave para cambiar la historia del Conurbano y su relación geopolítica con el Gobierno Federal y el Gobierno Platense es: a) planificación de largo plazo de la infraestructura; b) financiamiento genuino con recursos propios, y c) respeto por la soberanía territorial de todos lo actores involucrados”.[9]
“No cabe dudas que la proliferación de actores, con distinta capacidad de decisión y requerimientos, hace prácticamente imposible un desarrollo planificado y sustentable de los servicios públicos. En este contexto se mezclan los intereses sectoriales, como la rentabilidad del sector privado, las necesidades electorales de los municipios, la falta de coherencia y políticas globales a nivel nacional.
“La batalla por la ocupación del subsuelo ha sido y sigue siendo uno de los problemas más importantes y en este punto se hace más grave la falta de planificación. Es fundamental establecer una normativa que permita evitar la "ley de la selva" en la utilización del subsuelo en la vía pública. Esto debería sustentarse en un modelo adecuado de registros compartidos y políticas comunes.
“Finalmente no hay que olvidarse del esquema burocrático necesario para poder controlar tantos actores y con intereses tan diversos. En este aspecto es imposible y utópico pensar en que no debe existir intervención del Estado. El rol de establecer los lineamientos de largo plazo y resguardar el bien público es indelegable por parte del Estado y esto requiere un régimen burocrático; entiéndase burocracia en el sentido positivo, como un esquema que me permite documentar las decisiones, identificar los responsables, manejar una adecuada trazabilidad de los hechos y tomar decisiones correctivas en tiempo y forma para obtener los objetivos planteados.
“El control no debe ser una máquina de impedir sino un motor para llegar a la meta. Por supuesto para esto tiene que haber un objetivo común, explícito y aceptado. Las reglas del juego deben ser claras y de alto nivel y, por supuesto, ser respetadas por todos los actores”.[10]
“El gran problema del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA) es justamente no poseer un régimen institucional propio. Su complejidad radica en que se trata de un continuo urbano, en tamaño megalópolis (la octava del mundo) en el que se superponen cuatro jurisdicciones en diferentes espacios de su territorio. Por un lado, parte de su territorio corresponde a la provincia de Buenos Aires (primer jurisdicción política) que en su nivel municipal abarca, en el AMBA, a una treintena de municipios-partido (segunda jurisdicción política). En otra parte del territorio, mucho más reducida, influye la jurisdicción de la Capital Federal (tercera jurisdicción). Y en todo el AMBA, rigen disposiciones del gobierno nacional (cuarta jurisdicción). Es decir, Nación, Provincia, Municipios y la ciudad federalizada tienen algo que decir sobre el tema, y no existe un ámbito institucionalizado de coordinación de políticas públicas entre ellos. La solución ha sido extraer a los niveles políticos inferiores todo tipo de competencias en un gran número de servicios públicos, y reservarle al gobierno nacional -que está "por encima" todos ellos- su regulación y control. Esta solución trae los siguientes inconvenientes: A. Al gobierno nacional: asume una función que, en principio, no está en su ámbito natural exclusivo (defensa, moneda, relaciones exteriores, legislación de fondo, y aduana), atendiendo un servicio que atiende a sólo una parte de la población nacional; B. A los usuarios: Se coloca a su interlocutor -responsable de la regulación y el control- en el nivel más lejano, el nacional; C. A las empresas prestatarias: La prestación del servicio adquiere carácter nacional, lo cual implica una mayor visibilidad para los conflictos o incidentes que se produzcan.
“Entiendo que una mejor solución en este tema es la institucionalizáción del AMBA, reconociéndose en su conformación la participación de las cuatro jurisdicciones, y delegando en este nuevo organismo -o nivel gubernativo o administrativo- la regulación y el control de la totalidad de los servicios que se prestan en su territorio”.[11]


Una Solución Sustentable

La creación de un ente metropolitano para tratar éste o todos los temas que afectan a las cuatro jurisdicciones es una tarea de muy difícil realización. Primero, porque no depende de un solo actor, sino de tres de los más grandes jugadores de la política nacional y de unas decenas de intendentes muy influyentes –graficados por Jorge Asís como “minigobernadores”- y segundo, porque requiere de una circunstancia que los obligue a todos éstos a analizar forzosamente el tema; mientras esa coyuntura no se presente, habrá que continuar resolviendo las cuestiones emergentes.
La política de servicios públicos es crítica tanto para la calidad de vida de la metrópoli como para su diseño urbanístico. Pero al no reclamar una solución inmediata, puede continuar sin definiciones. Aunque en proceso de constante deterioro.
La cuestión que urge es resolver la sustentabilidad de toda la cadena de la provisión energética: producción, transporte y distribución, porque es menester renovar los estímulos para aumentar la decreciente producción y la generación, así como que es indispensable invertir en el mantenimiento y en la expansión de las redes de transporte y distribución.
Pueden pasar años sin que el mencionado ente metropolitano se constituya. En cambio, es más probable que antes se derogue la ley de Emergencia Pública. Sin embargo, la demonización de las llamadas “empresas privatizadas” y su errático y variado tratamiento por parte del Gobierno exige algo más que un aumento de tarifas. Revitalizar esos vectores requerirá, por lo pronto, su legitimación política. Cualquier inversor querrá saber si la gestión privada de los servicios públicos constituye una política de Estado.
Solamente un proceso que asegure el consenso de todos los sectores interesados en esta política, y que resulte en un compromiso creíble, podría llegar a restaurar el crédito en este terreno que es tan necesario para la consolidación del territorio metropolitano.
Una alternativa podría ser una jornada parlamentaria con exposiciones plenarias, como fue el reciente tratamiento de la ley de Medios Audiovisuales. Actuaría como una reunión plenaria de las comisiones de Energía de ambas cámaras en las que se consulte a los gobiernos locales, a la Ciudad Autónoma y a la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal, a las Defensorías del Pueblo, a las asociaciones de consumidores, a los trabajadores, a las distribuidoras de gas y de electricidad, a los más economistas reconocidos de todo el espectro ideológico y, por supuesto, a los legisladores nacionales, provinciales y concejales. Se podrían analizar los modelos internacionales exitosos.
Como resultado, el Congreso podría sancionar una ley de reforma a las leyes que constituyen tales regímenes regulatorios. Tal vez no implique otra modificación que la de desdolarizar las tarifas. Pero los mecanismos de actualización tarifaria, en un modelo económico inflacionario como el que rige, se impone a toda racionalidad.-
24
[1] “El Desorden Urbano. Los problemas locales de la calidad de vida y el crecimiento”. Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Abril 2007- Pág 237.
[2] Fiel, obra citada. Págs. Págs. 230 y 231.
[3] Centro de Estudios Unión Para la Nueva Mayoría. Estudio de Opinión Pública, 531 casos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas localidades del Conurbano, Diciembre 2008.
[4] “Territorios reales, territorios pensados, territorios posibles. Aportes para una Teoría Territorial del Ambiente”. Horacio Bozzano. Editorial Espacio. 2000. Reimpresión 2004. Págs. 198 y 199.
[5] Bozzano, obra citada. Pág. 210.
[6] Bozzano, obra citada. Pág. 213.
[7] Bozzano, obra citada. Pág. 214 y 215.
[8] “Municipios Bonaerenses, sus orígenes y evolución”, por Pablo Cowen. “Hacia un Nuevo Municipio en la Provincia de Buenos Aires”. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 2007. Pág 25.
[9] “La Región Metropolitana: Una Cuestión Nacional”, Adolfo Koutoudjian, septiembre 2007.
[10] Testimonio de un alto ejecutivo de operaciones de una distribuidora energética. Octubre 2009.
[11] Javier Varani, especialista en municipalismo. Testimonio de noviembre de 2009.