jueves, 31 de enero de 2013

Sano Reestablecimiento de un Símbolo


La justicia europea avala que una trabajadora luzca una cruz al cuello

Condena a British Airways por impedir mostrar el símbolo alegando su imagen de marca

El tribunal de Estrasburgo niega, por seguridad, igual petición de una enfermera

 Londres 15 ENE 2013, 20.45 Diario EL PAIS, ESPAÑA
Desde 2006 Nadia Eweida viene posando para los medios con igual gesto: media sonrisa y sus dedos señalando el minúsculo crucifijo de oro blanco que lleva al cuello. Su defensa le ha llevado de juzgado en juzgado desde entonces y este martes por fin el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo le dio la razón. La sentencia supone un gran paso en el reconocimiento a lucir símbolos religiosos en el trabajo dentro de Europa, pero no da carta blanca, ya que el mismo jurado ha fallado a favor del empleador en tres casos que apelaban a la libertad religiosa.
Nadia Eweida muestra su crucifijo tras conocer la sentencia. /CARL COURT (AFP)























Nadia es cristiana copta. También era y sigue siendo empleada de facturación de British Airways en el aeropuerto londinense de Heathrow, pues ha mantenido su trabajo pese a los pleitos. Su batalla comenzó en 2006 cuando la aerolínea le prohibió lucir un crucifijo en su puesto de trabajo porque, alegaba, perjudicaba la imagen de marca de la compañía. Los juicios en su país dieron la razón a British Airways, pero ayer los magistrados de Estrasburgo dijeron que los tribunales británicos no respetaron un “justo equilibrio entre, por un lado, el deseo de la demandante de manifestar su fe y poder comunicársela a los demás y, por otro lado, el deseo de su empleador de conducir una imagen de marca precisa”. Entre los motivos, el tribunal europeo también argumenta que una cruz discreta no puede afectar negativamente la imagen pública de British Airways.
Reino Unido había dado la razón a la aerolínea en los juicios precedentes por oponerse a lo que consideraron “una demostración religiosa que podía incomodar a algún cliente”. Ya desde aquellas primeras sentencias diversas declaraciones desde el Gobierno y el Parlamento británicos respaldaron a esta londinense de 61 años con el argumento de que la misma aerolínea admitía el uso de turbantes y velos en otros trabajadores. Estos apoyos y su propia determinación le empujaron a persistir en obtener la razón por encima de cualquier otro acuerdo.
British Airways llegó a ofrecerle un nuevo cargo en el que no tenía que ir uniformada y podía llevar la cruz, pero la mujer lo rechazó. También se negó a aceptar los 11.500 euros que le ofrecía la compañía para resolver el pleito al margen de los tribunales. Y no dejó de pleitear cuando en 2009 la aerolínea modificó el reglamento para permitir que sus empleados lucieran ese tipo de símbolos.
Además de conquistar su ansiado derecho a lucir su fe en el cuello, el Tribunal de Estrasburgo ha ordenado que Reino Unido indemnice a Eweida con 2.000 euros por daños morales y 30.000 por los costes del proceso al entender que este país violó el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos frente a la libertad de religión.
“Estoy encantada de saber que la justicia me ha dado la razón, me siento vengada y siento que los cristianos británicos y europeos han sido vengados. Significa que los cristianos pueden trabajar en libertad sin recriminaciones ni discriminaciones y nos da la oportunidad de mostrar sus símbolos de fe tanto como otros colegas que profesan otras religiones”, declaró Eweida a la BBC.
El fallo, que supone el reconocimiento de la justicia europea del derecho a portar símbolos religiosos en el trabajo, ha sido recibido con satisfacción por el propio primer ministro británico, David Cameron. "Los principios no deberían sufrir discriminación motivada por creencias religiosas", ha escrito el jefe del Ejecutivo británico en su perfil de Twitter.
Sin embargo, Estrasburgo ha quitado la razón a otros tres ingleses que reivindicaban su derecho a aferrarse a la cristiandad de una forma u otra a su lugar de trabajo. En la misma sentencia, el jurado falla en contra de una enfermera, Shirley Chaplin, de 58 años, que denunció al Royal Hospital de Devon y Exeter por no permitirle llevar el crucifijo en sus horas de trabajo y, ante su negativa, terminó por despedirla en 2010, tras 21 años en plantilla. En este caso, el hospital argumentó que la joya representaba un riesgo para la seguridad y la salud de los pacientes porque podía entrar en contacto con alguna herida abierta.
Además, el tribunal también ha fallado en contra de Gary McFarlane, un consejero matrimonial de Bristol que fue despedido en 2008 por negarse a aceptar en su terapia sexual a parejas homosexuales, al alegar que eso contravendría sus “fuertes principios cristianos”, y de Lillian Ladele, que vio cómo el Ayuntamiento de Islington suspendía su empleo al negarse a registrar parejas del mismo sexo por “motivos de conciencia religiosa”.
Los magistrados, como ya había ocurrido en otras sentencias, señalan que “la situación de parejas homosexuales es comparable a la de las parejas heterosexuales en lo que se refiere a la necesidad de un reconocimiento jurídico y a la protección de sus relaciones”.
La justicia europea reconoce así el derecho a portar símbolos religiosos en el empleo, pero una lectura amplia de las cuatro sentencias deja claro que en Europa no hay barra libre en las interferencias de las creencias religiosas en el lugar de trabajo.

Un fallo tranquilizador


PARA EL JUEZ FEDERAL CARLOS ROZANSKI SE TRATA DE UNA MENOR VIOLADA

“Wichí o no wichí, es abuso”

Rozanski es autor del proyecto que dio lugar a la ley que trata sobre abuso sexual infantil. “Hoy todos, wichí o no wichí, deben adherir a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, dijo a Página/12. Agregó que “a los 13 años es una niña”.
”Una criatura de 13 años es una niña, no importa a qué cultura pertenezca, y no está en condiciones de ‘decidir libremente’ una relación sexual con el que, sin dudas, es su violador”, afirmó el juez Carlos Rozanski, autor de la ley de procedimientos para casos de abuso infantil. Además, “si se admite que el abuso infantil es aceptable en una determinada cultura, se abre la puerta para admitirlo en otros casos, como ya ha sucedido para cuando se dan ‘condiciones sociales de iniciación sexual temprana’, es decir, para las niñas pobres”.
“Los argumentos que pretenden exculpar a un acusado de violar a una niña sobre la base de supuestas costumbres aborígenes son basura”, afirmó, consultado por este diario, Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Federal Oral Nº 1 de La Plata y autor del proyecto que dio lugar a la Ley 25.852, que modificó el Código de Procedimiento para casos de abuso sexual infantil. “No hay duda de que los pueblos originarios tienen su propia cultura y esto debe ser respetado, pero hay derechos de integrantes de esas comunidades que no pueden ser dejados de lado en nombre de esa cultura. En el caso de Lapacho Mocho (ver nota principal), esa criatura tenía derecho a un despertar sexual normal, acorde con su edad. Es regla que, en nombre de la defensa de un derecho, no se puede vulnerar otro superior. Por otra parte, no puede decirse que, hoy en día, esa comunidad permanezca aislada, como si viviera en una cueva sin contacto con el resto de la sociedad. Hoy todos, wichí o no wichí, deben adherir a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: en la Argentina no se acepta que una niña tenga su despertar sexual con un individuo de mucho más edad que convive con la madre, un perverso, en una relación incestuosa, que inequívocamente está abusando de ella.”
“La Convención de los Derechos del Niño –continuó Rozanski– considera que se es niño hasta que se cumplen los 18 años. Lo establece así porque, desde que nace, la criatura atraviesa una serie de etapas evolutivas antes de llegar a la madurez completa. En el caso que examinamos no hubo posibilidad de consentimiento válido de la niña, ya que su decisión se basaba en lo que le habían hecho creer que es libre decisión. Una característica del abuso sexual infantil es la ‘normalización’: el abusador le dice a su víctima que es normal que tenga relaciones con su padre o con su tío. Y no son wichí: son abusadores comunes, y un argumento que usan para convencer a la criatura, sin necesidad de amenazarla, es que es ‘normal’. Y la noción de que en esa comunidad aborigen la adultez empieza con la primera menstruación es una basura que inventan para intentar darle una cobertura teórica: una criatura de 13 o 14 años es una niña, y el derecho internacional ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño.”
“Además –destacó Rozanski–, cuando se sostiene que el abuso es aceptable por provenir de una determinada cultura, esto es inmediatamente transferido a la normalización de otras situaciones de abuso. Hoy es la comunidad wichí, mañana será un grupo familiar que puede estar integrado del mismo modo: una mujer, su concubino y una criatura que no es forzada en forma física sino que lo eligió ‘libremente’. Es un delito gravísimo, por más que se intente encontrarle una justificación cultural. Y esto da lugar a situaciones todavía más graves: así, los jueces Horacio Piombo y Ramón Sal Llargués le redujeron la pena a un abusador porque sus víctimas ‘pertenecían a una condición social en la que la iniciación sexual es más temprana’, es decir, porque eran pobres. Entonces, aceptar el argumento exculpatorio en el caso de Lapacho Mocho, aun cuando fuera de buena fe, es ofrecer un argumento para que, en otros casos, se normalice lo que no es normal.”
“En cuanto a que el abusador estuviera brindando protección a madre e hija, sucede que la inmensa mayoría de los abusos infantiles tienen lugar en el seno del grupo familiar, donde efectivamente el hombre está proveyendo alimento y recursos a su familia. Entonces, el argumento no es válido, ni para los no wichí ni para los wichí”, concluyó Rozanski.
“En la Argentina, el pluralismo normativo no tiene recepción en los operadores del sistema jurídico –afirmó Silvina Ramírez, profesora de Derechos de los Pueblos Originarios y Neoconstitucionalismo en la UBA–. En otros países latinoamericanos, en cambio, hay jurisprudencia: se hacen esfuerzos para determinar en qué casos pueden funcionar los sistemas normativos indígenas y en qué casos debe primar la Justicia ordinaria. Especialmente en Bolivia y Colombia hay avances en admitir la existencia de distintos sistemas. Claro que esto requiere a su vez definir mínimos que, en términos de derechos humanos, sean exigibles para toda cultura. La Corte Constitucional de Colombia definió cuatro mínimos en el orden de los derechos humanos: el derecho a la vida, que excluye como tal la pena de muerte; el derecho a la libertad, que excluye toda forma de esclavitud; el derecho a la integridad física, que excluye la tortura, y el derecho a ser juzgado según los procedimientos propios de la comunidad.”

Fuente: Página 12, 22/10/2012

Una polémica que crece


Derechos humanos

Jueves 24 de enero de 2013 | Publicado en edición impresa
Debido proceso

Los delitos de lesa humanidad deben ser probados

Por Emilio Cárdenas | Para LA NACION






Luego de derrotar militarmente a la Alemania nazi, los aliados decidieron organizar de inmediato los tribunales de Nuremberg para juzgar a los máximos responsables de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el horrible genocidio perpetrado contra el pueblo judío. Ése fue, históricamente, el primer ejemplo claro de lo que hoy llamamos "justicia transicional".
Cabe recordar que, desde su inicio, esas conversaciones evidenciaron la existencia de dos posiciones marcadamente diferentes. Por una parte, la de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que procuraban hacer justicia con equidad, respetando el debido proceso legal. Por la otra, la de la Unión Soviética, que consideraba a los líderes nazis culpables ex ante , simplemente en función del contexto de la Segunda Guerra, como si por eso no hubiera sido necesario probar responsabilidad personal alguna. Los soviéticos veían los procesos judiciales apenas como un mecanismo para graduar, en cada caso, las penas por imponer. Nada más.
Es obvio que los soviéticos procuraban esencialmente propaganda y revancha pública, lo que poco y nada tiene que ver con hacer justicia. El fiscal soviético Andrei Vyshinsky sostuvo entonces que la presunción de inocencia debía, a lo sumo, considerarse "un prejuicio burgués". En rigor, los soviéticos estaban, además, tratando de ocultar su atroz matanza de centenares de oficiales polacos en Katyn, que recientemente Rusia ha reconocido como realizada por mandato de las autoridades soviéticas. Por su parte, el delegado soviético I. T. Nikitchenko sostuvo que las Declaraciones de Moscú y de Crimea (Yalta), por su contenido, debían tenerse por condenas, sin que fuera necesario dictar sentencias judiciales de ningún tipo para seguir adelante contra los jerarcas nazis.
Para los soviéticos, la carga de la prueba debía estar a cargo de la defensa, invirtiendo así la regla tradicional -exigida por el debido proceso legal y por el principio de presunción de inocencia- que postula que la prueba está -en cada caso- a cargo del fiscal acusador.
Nikitchenko, por lo demás, no comprendía qué era lo que los norteamericanos querían decir cuando insistían constantemente en que los jueces debían ser -y actuar- como personas independientes e imparciales. Lo que supone que debían dejar de lado las presiones externas, así como las derivadas de sus propias emociones, esto es, de sus respectivas ecuaciones personales. Para Nikitchenko, eso sólo suponía demorar las cosas innecesariamente.
El formidable fiscal norteamericano Robert Jackson, por su parte, estaba atónito frente a la pretensión soviética de concebir los juicios apenas como una formalidad, puesto que los soviéticos creían que eran importantes por razones políticas, pero no de justicia: la ideología les impedía ser, en esto, objetivos; y los lanzaba en dirección a la venganza. Por eso, en su momento, Jackson señaló: "No se debe poner a ninguna persona en juicio si uno no está decidido a dejarla en libertad si no se prueba su culpabilidad. Si uno está dispuesto a ejecutar a esa persona en cualquier caso -agregó-, no debiera organizarse ningún proceso penal, porque el mundo no respeta a aquellos tribunales que han sido simplemente organizados para condenar".
Desde entonces, la comunidad internacional ha evolucionado mucho y bien en materia de regulación de los crímenes de lesa humanidad y ha adoptado un principio, hoy reconocido universalmente, que es el de la necesidad de que los fiscales procedan a probar siempre los cargos que formulan "más allá de toda duda razonable". Una vez más, se confirmó el conocido principio de actori incumbit probatio . Si este requisito, que es una exigencia del Estado de Derecho y del debido proceso legal, así como de la necesidad de respetar las garantías judiciales esenciales, no se alcanza, debe absolverse al acusado. Ese y no otro es el estándar penal hoy universalmente aceptado por la comunidad internacional, que ha sido adoptado expresamente en los instrumentos y normas que regulan la actividad de los tribunales penales internacionales. En todos los casos.
Para cumplir con esta pauta es necesario no sólo probar el elemento físico de los delitos ( actus reus ), sino también su componente mental ( mens rea ), esto es, la intención de delinquir. Ambas cosas. Y que, cuando se trate de participaciones delictivas en las que, además, exista -y se pruebe- un plan común, es necesario que el presunto partícipe conozca la mens rea de quien cometerá materialmente el delito. No es posible asignar culpa por mera identidad política o ideológica. Ni tampoco por creencias o inferencias subjetivas.
Como sostiene Danilo Zolo, los jueces deben separar la política de la justicia, de modo que el proceso penal no sea simplemente una engañosa teatralización ritual de la lucha política o de la estigmatización de quien es considerado enemigo. Los procesos penales, es cierto, pueden estar sujetos a manipulaciones, interferencias y hasta a presiones indebidas. En algunos casos, realmente escandalosas. Cuando esto sucede, quedan viciados de nulidad.
Es hora entonces, en nuestro medio, de dejar de invocar mecánicamente el precedente interamericano del caso Veláquez Rodríguez, de los años 80, con el que, en algunos casos, se pretende asignar culpabilidad sobre la base de meros indicios y presunciones y de un pretendido "contexto" general de la Argentina de los años 70. Se evita así la responsabilidad de tener que probar "más allá de toda duda razonable".
Ocurre que, desde los años 80 hasta hoy, el derecho humanitario internacional ha avanzado enormemente y adoptado, sin excepciones, esa regla esencial. La de la necesidad de probar las acusaciones que se realizan "más allá de toda duda razonable". Cabe asimismo recordar que la referida decisión interamericana aclara que ella se aplica sólo a los tribunales internacionales y ciertamente no a los internos. Además es necesario apuntar que, aunque ella sólo pueda invocarse en el ámbito internacional, lo cierto es que exige que siempre se deduzcan conclusiones consistentes con los hechos y no con la fantasía o las emociones de los juzgadores.
Si la Argentina no abraza con rapidez y claridad la pauta probatoria utilizada y definida por el resto del mundo para los delitos de lesa humanidad -esto es, la necesidad de probar siempre la comisión de los delitos "más allá de toda duda razonable-, la historia tendrá, en las decisiones judiciales que caprichosamente den la espalda a ese principio, vehículos de revancha. Lo que sería lamentable y algo de lo que nuestras generaciones futuras nunca podrán estar orgullosas. La visión soviética de la segunda posguerra mundial no puede ser, de pronto, adoptada entre nosotros, y menos aún cuando la comunidad internacional toda ha adoptado la estricta pauta probatoria antes referida para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.

Cartas de Lectores, diario La Nación
Lesa humanidad
25-1-2013
Del artículo del embajador Cárdenas sobre el peso de la prueba de la autoría en los delitos de lesa humanidad en los juicios de Nuremberg se desprende una velada identificación entre la postura atribuida al fiscal soviético en aquella oportunidad y el proceder de los fiscales y jueces argentinos en los casos de lesa humanidad.
Sería interesante que expusiera con precisión algún caso en el cual una persona hubiera sido acusada y condenada aquí como responsable de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado sin pruebas de su aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda razonable. De lo contrario, su exposición infundada desmerece el trabajo escrupuloso y apegado a la estricta juridicidad de cientos de jueces y fiscales de todo el país.
Javier Augusto De Luca
Fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal
DNI 13.735.064

27-1-2013
En su carta del 25 del actual, el fiscal Javier Augusto De Luca afirma que "del artículo del embajador Cárdenas sobre el peso de la prueba de la autoría en los delitos de lesa humanidad en los juicios de Nuremberg se desprende una velada identificación entre la postura atribuida al fiscal soviético en aquella oportunidad y el proceder de los fiscales y jueces argentinos en los casos de lesa humanidad". Disconforme, pide que se exponga "con precisión algún caso en el cual una persona hubiera sido acusada y condenada aquí como responsable de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado sin pruebas de su aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda razonable".
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia lleva años recorriendo tribunales y cárceles de todo el país, recopilando documentación y entrevistando a presos políticos, jueces y defensores. Esto permite a nuestra asociación -integrada por más de 400 abogados independientes- mostrar, con abrumadora precisión, la gran cantidad de casos de acusaciones y condenas fundadas en suposiciones y/o en testigos visiblemente mendaces.
De hecho, los juicios en los casos llamados "de lesa humanidad" se vienen rigiendo por pautas totalmente distintas de las que se aplican en todos los demás procesos y que se observaron en la historia judicial argentina. Sólo se buscan y consideran los testigos de interés comprometidos con la violencia de los 70; jamás se ha admitido el aporte objetivo y subjetivo del imputado y todo el escrúpulo del trabajo judicial se agota en el esfuerzo por dictar duras condenas, para concretar de cualquier manera la política que han puesto en práctica.
En consecuencia, convocamos formalmente por este medio al fiscal De Luca a debatir pública y objetivamente el tema en un ámbito apropiado, que permita hacerlo con respeto y serenidad.
Alberto Solanet
Presidente
Mariano Gradín
Secretario
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
justiciayconcordia@justiciayconcordia.org
29-1-2013
PRUEBAS
En la carta del 27 del actual de los abogados Solanet y Gradín se me invita a debatir en público sobre el valor de las pruebas de los juicios de lesa humanidad, ya que, según una comprobación que habrían llevado a cabo unos 400 abogados independientes, se estarían produciendo una gran cantidad de acusaciones y condenas infundadas basadas en testimonios mendaces. Al respecto, señalo que no se trata de debatir o no debatir en público (lo hago todos los días en mis clases como docente y en mis audiencias como fiscal), sino de que quien hace una denuncia debe llevar las pruebas pertinentes a los ámbitos correspondientes. La objeción que le dirigí al artículo del embajador Cárdenas también les cabe a los abogados Solanet y Gradín, ya que cuando un abogado realiza denuncias, éstas deben ser serias, concretas y no generalizadas, como en el caso, y si tantas son las pruebas que dicen tener, deberían haberlas canalizado en los juicios o aportado para las respectivas revisiones de condenas. Especialmente la versión de los acusados, a la que los abogados citados dicen tener acceso, puesto que en la gran mayoría de los casos aquéllos se han negado a brindarla ante los jueces correspondientes o se han limitado a realizar alegatos políticos, que no es lo que se juzga en estos juicios. Nuestro interés no es condenar porque sí a las personas, sino averiguar la verdad de lo sucedido. Por otra parte, si su interés es discutir las teorías jurídicas aplicadas a cada caso en concreto, existe abundante bibliografía jurídica que desde hace años se estudia en todas las cátedras de derecho penal, nacionales y extranjeras, que se dignan a enseñar el fenómeno de manera leal y democrática.
Fiscal Javier Augusto De Luca
javieraugustodeluca@gmail.com
PRINCIPIOS
En su carta, el recientemente designado fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Javier Augusto De Luca, estimó interesante que Emilio J. Cárdenas señale con precisión en cuál de los procesos seguidos en el país por delitos de lesa humanidad no se aplicó la regla probatoria que éste reclama aplicar en su artículo del 24 del actual. Estoy seguro de que el señor embajador tuvo en mente al escribir ese lúcido artículo el fallo de la Corte Penal Internacional del 18 de diciembre de 2012, en el que, absolviendo a Mathieu Ngudjolo de la acusación por hechos aberrantes cometidos en el Bagoro, Congo, entre enero y marzo de 2003, afirmó que imputaciones de esa naturaleza deben asentarse en pruebas del conocimiento pleno de la existencia de los hechos imputados por parte del acusado y que la conducta de éste estuvo intencionalmente guiada a la comisión de aquéllos, que despejen toda duda razonable al respecto; porque ello forma parte de la garantía del debido proceso propio del Estado de Derecho. Por ello estimo que es al novel fiscal general a quien corresponde informarse debidamente y luego señalar, con estricto apego al derecho aplicable, cuál de las condenas impuestas por presuntos delitos de lesa humanidad reposa sobre pruebas que despejaron toda duda razonable de la culpabilidad del condenado; y cuál de ellas respetó los principios liminares del derecho penal moderno contenidos en la Constitución nacional y en los tratados y convenciones ratificados por la República, como lo son: la inviolabilidad de la defensa en juicio, integrado por el principio de ley previa y su corolario, la irretroactividad de la ley penal más gravosa; el principio de inocencia y sus corolarios, juicio previo y el derecho a permanecer en libertad durante el proceso; el principio del juez natural; la cosa juzgada y su corolario, el non bis in idem; el plazo razonable de juzgamiento, y numerosas otras tutelas del derecho internacional de los DD.HH. Y, además, que señale uno de los procesos actualmente en trámite en el que se respeten esos principios.
Norberto A. Giletta
Ex juez federal en lo criminal y correccional
DNI 4.298.214
UN CASO
Respondiendo al fiscal De Luca, preciso el caso de una persona condenada sin pruebas objetivas ni subjetivas. Desde Hijos y Nietos de Presos Políticos damos fe de que éste es sólo un ejemplo de muchos y quedamos a su disposición para presentarle la información correspondiente.
A mi padre, que tenía 24 años en 1976, más del 80% de los testigos dijo no saber quién era. De los que dijeron conocerlo hubo quienes no lo habían nombrado en sus declaraciones en los 80, pero luego de su detención en 2006 empezaron a recordarlo. Así como hubo quien lo denunció hablando de fechas en las que ya no estaba destinado en ese lugar. Quienes sí lo reconocieron sin contradicciones, dijeron que los había detenido presentándose con nombre y grado, labrando actas con testigos, informándoles dónde quedaban detenidos y tratándolos con suma amabilidad. Pese a esto, lo condenaron a cadena perpetua, peor pena que a sus generales en el juicio a las juntas. Y fue el presidente del tribunal, Dr. Roberto Burad, quien nos confesó: "Esto es político, quizás la salida sea política", echando por tierra cualquier esperanza de tontos.
Aníbal Guevara Bianchi
DNI 30.449.903

31-1-2013
JUICIOS
El fiscal De Luca, en su respuesta a la carta de esta Asociación, ha elegido la fácil vía del sarcasmo para eludir la invitación a debatir acerca de la parodia judicial que constituyen los llamados juicios de lesa humanidad. Nos exhorta a denunciar ante la Justicia las gravísimas violaciones a las reglas del debido proceso que se cometen en esos procesos. En otras palabras, sugiere llevar dichas aberraciones ante el mismo aparato organizado de poder que las practica y que el fiscal De Luca integra.
Los abogados estamos habituados a trabajar con el derecho y también con los hechos. Pues bien, constituye un hecho cada vez más evidente que estos juicios, llevados con gran aspaviento como política de Estado, empezaron arrasando las garantías más primarias y elementales de los acusados, como el principio de legalidad y su corolario, la irretroactividad de la ley penal más gravosa. Asimismo, llevándose por delante la presunción de inocencia y la duda razonable, generalizaron formas selectivas de prueba, calificando a los testigos según sirvieran o no a las condenas resueltas de antemano.
Queremos pensar que el fiscal De Luca también enseña a sus alumnos que esas aberraciones fueron también advertidas por el juez Robert Dube, del Estado de Florida, lo que lo llevó a desestimar la extradición de Roberto Guillermo Bravo. Como también lo hizo la Audiencia Nacional de España en el caso Martínez de Perón, dando a entender con claridad que el juez argentino que pedía la extradición había manifestado desconocimiento del derecho vigente en su propio país.
La negativa del fiscal De Luca no puede sorprender a nadie. Él sabe a la perfección que estos juicios, en los cuales actúa como parte, pasarán a la historia como ejemplos de degradación abismal y crasa negación de la justicia. Exactamente igual a como hoy se estudian los Procesos de Moscú y el comportamiento de los jueces y fiscales soviéticos en Nüremberg.
Alberto Solanet
Presidente
Mariano Gradín
Secretario
Asociación de Abogados por la Justicia y Concordia
justiciayconcordia@justiciayconcordia.org