lunes, 26 de junio de 2017

Ambiente, infraestructura y éxodo rural


Por Prof. Horacio Miguel Lenz

La Argentina es un país extenso de variados paisajes naturales, con una
vegetación natural que fue siendo modificada por la actividad humana a medida
que el territorio se fue ocupando por una población de base migratoria.
Nuestro País está ubicado en el cono sur del continente y se asienta sobre tres
conformaciones geomorfológicas: 1) al Oeste el sinclinal andino (Cordillera de
Los Andes), Sierras Subandinas y Sierras Pampeanas; 2) al Este el Macizo
de Brasilia; y 3) al Sur el Macizo Patagónico. Entre ese trípode quedo un espacio deprimido que se fue llenando de sedimentos
acumulados en pila, y que a lo largo de los tiempos geológicos conformó lo que
hoy se denomina la llanura chaco-pampeana, superficie de más de un millón de
kilómetros cuadrados que se proyecta en cuanto a su extensión hasta el Paraguay
y el Brasil.
Esta planicie sedimentaria va disminuyendo en altitud de Oeste a Este y es
surcada por una red hidrográfica escasa, pero que contiene unas de las cuencas
de agua dulce más importantes y voluminosas del planeta con sus 3,2 millones de
km2: la Cuenca del Plata. La llanura tiene variantes suaves, suelos planos con
cursos de agua con meandros y aguas estancadas e impedidas de drenar hacia el
Océano Atlántico no solo por la tenue pendiente, sino también porque el borde
costero sobre-elevado y con una prolongada líneas de dunas actúa como dique
natural.
Esta situación de escaso drenaje de las aguas superficiales, más el ciclo de lluvias
que van aumentando de Oeste (400 mm) a Este (1000 mm), genera, en gran
medida, las dificultades que venimos atravesando desde hace tiempo con
las inundaciones, que se manifiestan con desbordes de ríos o lagunas cuyas
cuencas no pueden contener, por el escaso escurrimiento, el total de agua caída,
en especial cuando cae en un lapso de tiempo muy corto y en forma de chubasco
intenso.
Además, la región de la Llanura Pampeana es un área que a partir de la
ocupación del territorio tiene una continuidad poblacional con escasos espacios
vacíos, y la actividad del hombre ha impactado e impacta en las modificaciones
ambientales. Las zonas extrapampeanas cuentan con el 25% de los caudales de
aguas superficiales y el 67% del territorio y se fueron integrando de modo desigual
a la economía del país a partir de oasis de desarrollos sin continuidad poblacional
en la ocupación del espacio.
A estos hechos descriptos en los últimos años se sumó un nuevo elemento que
fue la incorporación al sistema productivo la siembra directa y los transgénicos en
las semillas, lo cual evita -para bien- la erosión eólica e hídrica, pero perjudica la
permeabilidad del suelo, contribuyendo así a las inundaciones con mayor facilidad.
El resultado de estas dificultades se está viviendo hoy con varias provincias
atravesando problemas de carácter hídrico, debido a desbordes de ríos por
aumento de lluvias de verano o descongelamientos de ríos de montañas en sus
nacientes del mismo periodo estival y la falta de áreas aliviadoras que sirvan de
contención para sobrantes hídricos en periodos críticos. Buenos Aires, Santa Fe,
Catamarca, Misiones, Chubut, Tucumán, La Pampa, Salta, Jujuy y Corrientes
fueron declarados en emergencia hídrica por 180 días por el Senado y la Cámara
de Diputados de la Nación, y por ahora falta la promulgación por parte del Poder
Ejecutivo Nacional.
La situación geomorfología detallada, junto a modificaciones mínimas de los
regímenes de lluvia, el uso del suelo de modo intensivo, el desmonte de boques
nativos sin reforestación y, en la Patagonia, la combinación de lluvias de
chubascos en suelos sin tapiz vegetal, constituyen un conjunto de razones que
afectan el desarrollo de actividades económicas que perjudican la vida de la
población que, en el mejor de los casos, tiene como horizonte más conveniente:
comenzar de nuevo.
Los caracteres de perfil geomorfológicos combinados con aspectos climáticos y
una falta de planificación de carácter espacial, generan invariablemente un éxodo
de las zonas rurales hacia centros urbanos: la población rural disminuyo del
17% en 1980 al 11% en la actualidad. Además, a mediados de la década del ‘90
los avances tecnológicos en la producción granaría redujeron drásticamente el
tiempo de trabajo directo por hectáreas y limitaron la duración de las labores
agrícolas a unas pocas semanas al año, e incluso a unos pocos días cuando la
extensión de la explotación es pequeña, lo cual hizo menos necesaria la
proximidad entre el lugar de residencia de los trabajadores agrícolas y el lugar de
trabajo. Estos cambios en la producción agropecuaria, el avance tecnológico y la
retracción de la explotación familiar tienen como correlato el abandono de amplias
zonas rurales por parte de la población.
Desde fines del siglo XIX, los procesos migratorios de ocupación del territorio
estuvieron sostenidos por la creación y ampliación de la red ferroviaria así como la
incorporación de nuestro país al comercio mundial. La red de casi 10 km en 1857,
alcanzó los 38.122 km en 1930, cuando transportaba más de 34 millones de
toneladas. En la década del ‘40 la red ferroviaria alcanzó los 42.500 kilómetros,
logrando transportar 45 millones de toneladas. A partir de la década del ‘60 el
ferrocarril no solo comenzó a perder volumen de carga, sino que experimentó un
deterioro progresivo en el estado de la red y el material rodante. Hoy el ferrocarril
mueve no más del 5% de la carga total.
Esta disminución de la capacidad de carga se trasladó en un gran porcentaje al
transporte de vial, congestionando el sistema, retrasando el comercio,
contaminando el medio ambiente y aumentando la siniestralidad. Este modelo de
disminución de injerencia de la red ferroviaria en el comercio interior produjo
también un importante éxodo rural y la desaparición de más de 200 poblaciones
chicas en la pampa húmeda.
El avance tecnológico como un elemento potenciador de la productividad es
también causante de la migración poblacional de zonas rurales a los grandes
centros urbanos. Y si en nuestro país le agregamos una red de comunicación y
transporte deficiente por falta de inversión, los conflictos de concentración
demográfica, por carencia de oportunidades, se aceleran desplazando un
gran número de poblaciones a espacios restrictivos en ofertas de bienestar.
Para comenzar a resolver esta compleja situación, se torna necesario abordar las
dificultades ambientales y económicas con un plan donde se ponga el centro en
una política de estabilidad poblacional en una primera etapa, para pasar luego a
una política demográfica de ocupación del territorio de modo equilibrado y
tendiendo a desarrollar áreas con balances humanos y ambientales más
sostenibles.
Argentina debe tener un plan estratégico donde el centro sea el hombre. Para
llevarlo adelante hay que combinar una política agrícola con productividad y valor
agregado en origen; una mejora del transporte de carga con complementariedad
nodal; y una visión más amplia de la manejo del agua combinando los canales con
reservorios, que permitan contener el agua dulce en estanques naturales y que a
su vez sean utilizados como fuentes de desarrollo económico a partir de ellos. Se
torna necesario que este trípode debe unir y ser el soporte de una estrategia de
desarrollo donde la Argentina se vincule al mundo a partir de ser un proveedor de
alimentos a escala global. La ocupación del terreno de modo más equilibrado
demográficamente, no solo mejora la calidad de vida de las poblaciones sino que
a su vez mejora las oportunidades de inversión más descentralizada y abre
oportunidades de trabajo en un sector de proyección infinita. La Argentina tiene el
desafío de atender parte importantes de la demanda futura de alimentos de vastas
regiones del planeta. Esta situación exige incrementar la productividad y ampliar la
frontera agrícola transformando estepas desérticas en praderas inducidas e
incorporar estas tierras al sistema de producción.
De esta manera nuestra política internacional a escala regional debe de estar
asociada al concepto bioceánico de comunicación con los océanos Pacífico y
Atlántico. Nuestro País debe potenciar la infraestructura de dos áreas de paso
trasandino: Una por el Paso de Jama para desde ahí, sacar, la producción del
Norte Argentino, Bolivia, Paraguay y Brasil; y el otro en el sur, en el segmento
superior de los Andes Patagónicos para exportar la producción pampeana y
patagónica, permitiendo de la misma manera que la Republica de Chile tenga
ventanas exportables en el Atlántico. Pero ¿Por qué decimos desde un puerto
chileno en la latitud norte de los Andes Patagónicos? La estructura geomorfológicade cordillerana en ese tramo los hace más fácil de atravesar: son dos cordones
paralelas relativamente bajos, con valle longitudinal y surcado por valles
transversales de escasa altitud. Esto beneficia la construcción de pasos
cordilleranos a cielo abierto, bajando costos que evitan los túneles de montaña y
a su vez los hacen más seguros por la dificultad sísmica del área.
Las dos ventanas de exportación desde las plataformas chilenas deben ser un
elemento central en la vinculación estratégica con los hermanos del país
trasandino. Esta debe ser nuestra política regional para Sudamérica, sumando
el Mercosur y la Alianza del Pacifico, configurando una integración continental de
vínculo con los dos océanos y el Mar Caribe. Nuestro espacio continental carente
de conflictos internos interestatales, sin armas nucleares ni carrera
armamentística, se muestra como una zona de paz en una aldea global en
conflicto; en el marco de un occidente sin ideas, confrontativo entre un modelo
capitalista agotado y otro, también de acumulación, que no alcanza a surgir.+)

lunes, 19 de junio de 2017

La crisis del empleo

La cara oculta de la suba del desempleo
El 9,2% de desocupación es una mala noticia; se reavivó más el debate acerca de las causas que de los efectos de este problema estructural
Por Néstor O. Scibona
LANACION.com, 18.06.2017
Por Néstor O. Scibona (nestorscibona@gmail.com)

El primer trimestre pertenece al pasado, aunque el aumento del desempleo al 9,2% en los 31 principales aglomerados urbanos del país (y del subempleo al 9,9%), reabrió el debate sobre la capacidad de la economía de crear más y mejores empleos en el futuro. También se convirtió en un dato político: la tasa de desocupación alcanzó los dos dígitos en las zonas más pobladas, como el Gran Buenos Aires (10,9%), Mar del Plata (10,4%) y Gran Rosario (10.3%) que, junto con Gran Córdoba (9,6%) y la CABA (7,9%), son los distritos con más votantes.
Si bien no es posible una comparación homogénea con el mismo período de 2016, cuando el Indec desactivó la difusión de los datos para corregir los inverosímiles indicadores de la era K, el sinceramiento se aplica sobre una foto conocida. La creación (neta) de puestos de trabajo en el sector privado está prácticamente estancada desde hace casi una década, mientras en los últimos años creció en el sector público hasta un punto de saturación. A su vez, el trabajo "en negro" se mantiene en 35%. El Indec agrega ahora a esta realidad la existencia de un 14% de ocupados demandantes (de otro empleo) y que la desocupación en las ciudades con más habitantes (10,2%) duplica a las de menor población. En suma, hay 4,15 millones de personas con problemas de empleo, de las cuales casi un tercio reside en territorio bonaerense.
Sin embargo, las estadísticas muestran sólo la cara visible del problema tras un año recesivo como 2016. Pero no cómo sigue la película.
Hay sectores que se reactivan, como la construcción, donde los puestos de trabajo formales ya superan en 6,5% al de hace un año. Pero en otros, como la industria, el repunte es lento y predomina la cautela. Según encuestas privadas y oficiales, más de dos tercios de las empresas prevén mantener estables sus planteles a corto plazo y el resto se reparte entre aumentarlos o reducirlos. No sólo por la menor producción y ventas, sino por el mayor "costo argentino", que incluye al laboral.
Desde el ángulo macroeconómico, el economista Juan Luis Bour (director de FIEL) estima que con un crecimiento del PBI de 3% anual, el empleo aumentaría 1%. Su colega Ricardo Arriazu enfatiza que el costo laboral unitario de la Argentina es el más alto del Cono Sur y desincentiva la inversión privada. Y Dante Sica (director de la consultora Abeceb), que los costos extrasalariales varían entre el 35 y el 40% del costo laboral, dentro del cual el aporte patronal directo se ubica en tercer puesto de Latinoamérica y muy por encima de la productividad promedio en una comparación internacional.
Al detallar esta carga no impositiva, el abogado laboralista Carlos Echezarreta muestra un caso tipo en el cual una empresa paga mensualmente, sólo entre costos directos e indirectos, un 37,35% más que el salario neto percibido por el trabajador en blanco. En el primer caso, computa los aportes para el sistema jubilatorio (10,17%), asignaciones familiares (4,4%), Fondo Nacional de Empleo (0,89%), PAMI (1,5%), obras sociales (5,40%), sistema de salud (0,6%) y ART (1,4% sobre el total de remuneraciones, aunque según la actividad puede multiplicarse varias veces), que suman 24,4%, A esto se agregan casi 13% de costos indirectos, tales como aguinaldo (8,33%) y plus de vacaciones (1,20%) con sus cargas sociales (2,32%), más una decena de rubros que representan 1,10% del total de gasto anual sobre la masa salarial, distribuidos entre alícuota fija de ART, seguro de vida obligatorio, capacitación, indumentaria, comedor (o gastos de almuerzo); gastos médicos, control de ausentismo, indemnizaciones, contribuciones al sindicato y otros gastos incluidos en los convenios. Si la empresa prevé además un adicional anual para prevenir eventuales conflictos (4,17%) más su correspondiente carga social (1,02%), el costo total de la remuneración bruta más las contribuciones supera en 42,5% al sueldo neto percibido por el empleado.
Aun así, Echezarreta remarca que existen conceptos de imposible previsión y suelen calcularse con un "masomenómetro". Por ejemplo, qué se considera salario (definición diferente para previsión social, AFIP y ART); qué es justa causa de despido; qué enfermedad es atribuible al trabajo o inculpable; cómo considerar un accidente in itinere (en viaje); qué es trato discriminatorio y cuáles son los alcances de las tutelas sindicales, matrimonio, nacimiento, etc. En estos y otros rubros existen zonas grises en las leyes, que originan cientos de miles de juicios laborales y sentencias por montos imprevisibles al punto de comprometer la subsistencia de las empresas de menor tamaño. "Si un trabajador percibe $ 100 netos, al empleador podrían significarle $ 200 como costo", estima el especialista.

Todos estos costos, acumulados a lo largo de décadas, deprimen el salario y la creación de empleos, a la vez que fomentan el trabajo ilegal. Son la cara oculta de un problema estructural e institucional, que la mayoría de los políticos y sindicalistas elude para focalizarse sólo en sus efectos. También porque afecta intereses y derechos adquiridos. Esto explica por qué hace más de un año está frenada en el Congreso la ley de primer empleo para reducir los aportes patronales en el período inicial de contratación de jóvenes, pese a que la ausencia de trabajo significa cero aportes. O la resistencia a la capacitación de estudiantes en empresas (pasantías) bajo el argumento de precarización laboral. La dirigencia sindical suele actuar con el criterio de "colectivo lleno" y protege a los que ya subieron, en perjuicio de los que quedan afuera.
A esto se suman leyes y convenios de trabajo detenidos en el tiempo, cuando no existían computadoras ni Internet y suelen gatillar causas judiciales contra cualquier tipo de empresa. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, que mañana ingresará al índice Nasdaq 100 que nuclea a las compañías más relevantes del sector tecnológico, acaba de revelar en un reportaje con LA NACION, que tiene 700 empleados en un país vecino debido a una suerte de extorsión sindical que, a su juicio, revela "la desconexión de los intereses de muchos líderes sindicales con los de los trabajadores".
Esto ocurre mientras en muchos países ya se debate cómo articular el avance tecnológico con el futuro del empleo, mientras un informe de Idesa revela que en Alemania, 9 de cada 10 estudiantes secundarios hacen prácticas en empresas a través del exitoso sistema de educación dual.
La acusación de Mauricio Macri sobre la "mafia de los juicios laborales", que apuntó contra el diputado kirchnerista Héctor Recalde, tuvo un carácter testimonial. Pero sirvió como disparador de una oleada de pronunciamientos a favor por parte de las principales entidades empresariales, ante el aumento de los juicios por accidentes de trabajo que hasta mayo -dos meses después de sanción de la nueva ley que limita sus alcances-, sumaron 55.321, casi la mitad que en todo 2016. De ese total, 26.347 se radicaron en la CABA (31% más en cinco meses).
Para introducir reformas que impulsen el empleo privado de calidad, Macri debería modificar leyes que llevan años de arraigo, lo cual requiere de liderazgo o acuerdos políticos. Un problema es que aún con un triunfo electoral en octubre el oficialismo no tendrá mayoría en el Congreso. Otro, con qué sectores de la oposición podría negociarlos sin afectar la gobernabilidad.