¿Qué hacer con el Conurbano?

La distancia entre la dirigencia política y la sociedad, y la consecuente ilegitimidad de las instituciones, son el principal asunto que deben abordar los candidatos que se postulen en 2027.

La elección de Javier Milei dejó en evidencia un divorcio entre la gente y sus dirigentes que, si bien fue claramente producto de los fracasos gubernamentales, también debe reflexionarse de las profundas razones de ese eso, ya que es un proceso que se puede observar en las grandes democracias de Occidente.

Desde mi punto de vista, este divorcio se debe a la transformación social, económica y política producida por los cambios tecnológicos.

Por eso llama la atención que este año el oficialismo nacional y algunos provinciales se apuren a presentar proyectos de reforma política en el Congreso que lo único que hacen es acomodar el sistema electoral y el ordenamiento de partidos en favor de un sistema bipartidista que ya no resume la complejidad social, que excede a la sociedad de masas del siglo XX.

Es natural que cada elección termine simplificando a la sociedad en dos grandes proyectos. Pero es imprescindible que los candidatos que los presenten surjan de la complejísima trama de deseos, intereses y aspiraciones que emergen de la sociedad. Muy al contrario de poner trabas a la creación de partidos, habría que favorecerlos. 

El proceso histórico fue provocado por las telecomunicaciones, que permitieron el masivo acceso a la información y aceleró los tiempos hasta la inmediatez; el viejo mecanismo de transmisión oral interpersonal -que facilitaban, entre otros, los "punteros"- resultó entonces innecesario frente a la capilaridad llegada de las redes. 

Lo que ahora es indispensable es que se reestablezca una comunicación bidireccional, a escala humana; un encuentro, como diría el Papa Francisco en Fratelli tutti. Esa es la única manera para reconstruir la confianza y, en última instancia, la legitimidad política. 

Para hacerlo es imperioso que los ciudadanos vean que su opinión incide directamente en la cosa pública, y eso es imposible en un ámbito metropolitano elefantiásico como el nuestro. El desafío de la legitimidad pasa por adecuar la escala de representación a la dimensión humana, eliminar el atajo mediático y reconstruir los vínculos sociales. Porque la única manera de gobernar en la masividad es mediante simplificaciones y manipulaciones que terminan en el totalitarismo. 

Por eso creo que urge una reforma institucional de la provincia de Buenos Aires, que mantiene un sistema municipal que quedó obsoleto y ya no rige prácticamente en ninguna provincia. 

La actual dimensión metropolitana obliga al ciudadano común a subir un primer peldaño de representatividad más alto de lo que puede lograr con el apoyo de su entorno social; digamos que aún siendo una persona muy reconocida y valorada por "todo el mundo" eso no le alcanzará para constituirse en representante de su gente, porque ese "mundo" es uno de los muchísimos mundos que constituyen el primer grado de representación, el municipal.

Habría que dividir los actuales distritos a un nivel realmente municipal en el que puedan darse relaciones efectivas de vecindad.

La propuesta no pasa por crear más cargos políticos sino que, como en el caso de los consorcios de propietarios, haya cargos honoríficos a nivel barrial y que la instancia de profesionalización política -la que es paga- sea mayor a la de los actuales partidos de distritos que hoy tampoco tienen suficiente tamaño como para resolver los problemas que aquejan a su gente: las autovías, el ferrocarril, el saneamiento de las cuencas hídricas, la costa y otros, de tamaño relativamente pequeño para la provincia de Buenos Aires, pero que inciden directamente en la calidad de vida de la gente. 

Esos municipios podrían nuclearse en regiones divididas por un carácter principalmente geográfico; es decir, un territorio cuyas sus cuencas o accidentes geográficos contienen una población con características identitarias históricas comunes.

¿Qué se hace con la administración de los actuales municipios? Se la divide para que atiendas las funciones más elementales de la llamada intendencia (alumbrado, barrido y limpieza, por simplificar) y las regiones absorverían las que correspondan a las funciones que corresponden a ordenar la circulación vial (desde las autovías para abajo), la zonificación, el transporte público, el ambiente, la seguridad, etc.  

Habrá que hacer coincidir esas nuevas regiones con las actuales jurisdicciones educativas, judiciales, policiales, sanitarias o eclesiásticas, en que se divide la provincia.

Estas regiones deberían tener un poder ejecutivo electivo, un legisaltivo conformado por un representante de cada municipio y una división del poder judicial que facilite la coincidencia de esa jurisdicción con la policial.

Entendemos que esta reorganización administrativa va a significar en un recorte significativo del gasto municipal actual, ya que los barones del Conurbano han conformado verdaderos gabinetes ministeriales con verdaderas cohortes admistrativas que van a resultar redundantes. Naturalmente, en ese tránsito van a sobrar muchos funcionarios, con su consecuente gasto administrativo, y muchos empleados por compromiso político; no así los que cumplen funciones operativas.

Esta reforma podría completarse con una categorización de los municipios entre metropolitanos, como los del Conurbano, Mar del Plata y La Plata; ciudades, como las actuales cabeceras de partido, y rurales, como los pequeños poblados. 

El territorio y litoral costero, como los recursos, seguirían siendo de dominio provincial.

Esta reforma se debería rematar con una reversión de la pirámide tributaria, por la cual son las entidades menores las que recaudan y participan a la instancia superior. 

Recién ahí el poder retornará al hombre común, al argentino de bien, al ciudadano de a pie, a Doña Rosa, que con sus aportes sostienen el aparato estatal. Los candidatos saldrán de la pantalla y se encontrarán con la gente.+)